La ley de ciberdelitos en Nicaragua es un marco legal que busca abordar los delitos cometidos a través de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Su aprobación en 2020 marcó un punto de inflexión para el país al establecer disposiciones específicas sobre temas como el acceso ilícito a sistemas informáticos, el robo de identidad, el fraude digital y la difusión de información falsa.
En este artículo, exploraremos en profundidad las disposiciones de la ley, sus objetivos, asi como los principales delitos que regula.
La Ley de Ciberdelitos de Nicaragua, conocida oficialmente como Ley 1042, fue aprobada el 27 de octubre de 2020 por la Asamblea Nacional de Nicaragua. Este marco normativo fue diseñado para proteger a las personas y entidades contra las amenazas digitales, así como para garantizar el uso seguro de las tecnologías digitales en el país. La ley se justifica en el auge de los delitos cibernéticos en el mundo, que afectan tanto a individuos como a organizaciones privadas y públicas.
Entre sus principales objetivos se encuentran la prevención de actividades ilícitas en línea, la protección de datos personales y la sanción de conductas como el fraude digital y la manipulación de información.
La ley de ciberdelitos en Nicaragua clasifica diversos actos como delitos cibernéticos, estableciendo sanciones específicas para cada uno. Entre los delitos destacados se encuentra el acceso ilícito a sistemas informáticos, castigado con penas de 3 a 5 años de prisión. Este delito se refiere a la manipulación o acceso no autorizado a sistemas protegidos, lo que incluye acciones como hackeos o uso indebido de contraseñas.
Otro delito relevante es el sabotaje informático, que consiste en alterar, dañar o destruir datos en sistemas ajenos. Este tipo de conducta es castigada con penas que van de 4 a 8 años de prisión. Por último, el robo de identidad en línea también está contemplado, siendo sancionado con penas de hasta 5 años. Este último delito se ha convertido en una preocupación global debido a su impacto directo en la privacidad y seguridad de los usuarios.
La ley establece sanciones para quienes accedan, difundan o utilicen datos personales sin la debida autorización. Este aspecto busca proteger la privacidad de los ciudadanos frente al uso indebido de su información, un problema cada vez más común en el ámbito digital. Entre las sanciones se incluyen multas y penas de cárcel para quienes comercialicen bases de datos de forma ilegal.
Además, la ley regula la manera en que las empresas gestionan los datos personales de sus usuarios. Esto incluye la obligación de implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger la información sensible y garantizar que cualquier uso de datos cuente con el consentimiento del titular. Esta disposición alinea a Nicaragua con estándares internacionales sobre protección de datos, aunque su implementación aún enfrenta desafíos importantes.
Uno de los aspectos regulados por la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua es la penalización de la difusión de noticias falsas. Según lo establecido en la normativa, cualquier persona que publique, transmita o comparta información que sea considerada falsa o tergiversada y que tenga como finalidad generar alarma, temor, zozobra, desestabilización o perjuicio a la población o al Estado, puede ser sancionada con penas que oscilan entre los 2 y 10 años de prisión. La disposición tiene como objetivo principal proteger la paz social, la estabilidad pública y evitar la propagación de contenido que pueda incitar al caos o afectar la seguridad colectiva.
La ley también establece que las sanciones se aplicarán de manera más estricta cuando el contenido difundido cause un impacto significativo en instituciones públicas, organismos de seguridad o servicios esenciales. Además, se detalla que esta regulación abarca cualquier medio de comunicación, incluyendo redes sociales, plataformas digitales, correos electrónicos y medios de prensa tradicionales. La penalización por la difusión de noticias falsas busca garantizar la veracidad de la información que circula, especialmente en una era donde las plataformas digitales tienen un alcance masivo e inmediato.
La Ley 1219, aprobada en Nicaragua, introduce reformas significativas a la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley No. 1042), publicada originalmente en el Diario Oficial en 2020. Estas modificaciones refuerzan el marco jurídico para la prevención, persecución y sanción de delitos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). A continuación, se destacan los principales cambios establecidos:
Este artículo sanciona la propagación de información falsa, tergiversada o destinada a generar alarma, temor o desestabilización:
Se introducen artículos que establecen sanciones para personas jurídicas involucradas en delitos informáticos:
Las penas establecidas en los artículos 8, 9 y 10 aumentan hasta 20 años de prisión si los delitos son organizados, financiados o ejecutados en colaboración con terceros. Además, la conspiración o incitación a cometer estos delitos será sancionada con un tercio de la pena correspondiente.
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